Por Nelson Fernández
Corresponsal en Uruguay
MONTEVIDEO. El Parlamento uruguayo aprobó un proyecto de ley que otorga a los pacientes terminales el derecho a reclamar la interrupción de tratamientos "que prolonguen su vida", lo que también podrá ser solicitado por familiares directos en caso que la persona enferma no esté en condiciones de ejercer esa potestad.
El proyecto, que habia sido votado por el Senado en diciembre y que ahora requiere la firma del presidente Tabaré Vázquez para convertirse en ley, reabrió el debate sobre la eutanasia. Esa práctica está prohibida en Uruguay, aunque durante la discusión se planteó el caso de la aplicación del "coctel lícito" que algunos médicos proporcionan a pacientes terminales y que, en base a combinación de analgésicos, confluye en la muerte.
El debate en Diputados tuvo mayor repercusión que el propio tema, porque un diputado de la oposición y uno oficialista se trenzaron a trompadas en medio de la sesión. El diputado de izquierda Alvaro Vega (Frente Amplio) había argumentado con ironías para defender el proyecto y fue criticado por el nacionalista Sergio Botana (Partido Blanco). "Cuando uno escucha ciertas cosas se da cuenta por qué algunos pacientes no ponen su vida en manos de ciertos médicos", dijo Botana respecto a Vega, que es médico de profesión. Pocos minutos después hubo corridas y trompadas al aire.
El proyecto que ahora está a punto de convertirse en ley, establece que "toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, conciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos salvo que con ello afecte o pueda afectar la salud de terceros".
El texto genera resistencias en militantes católicos. Néstor Martínez, de la Mesa Coordinadora Nacional Provida dijo que "se está legalizando la eutanasia", porque quita responsabilidad al médico que suspenda el tratamiento. Cuestionó la potestad que se da a los familiares y dijo que "la voluntad anticipada" aparece como "un cheque en blanco que el paciente firma al médico y a la institución médica sobre su vida".
Los defensores de la iniciativa destacan la importancia de reconocer derecho a las personas que están en situación terminal. El texto indica que este derecho se puede ejercer cuando la persona esté "enferma de una patología terminal, incurable e irreversible" y el paciente sienta que el tratamiento irá "en detrimento de la calidad" de su vida.
Según la iniciativa legislativa, "tal manifestación de voluntad, tendrá plena eficacia aún cuando la persona se encuentre luego en estado de incapacidad legal o natural". Especifica que "la expresión anticipada de la voluntad (?) se realizará por escrito con la firma del titular y dos testigos" y "también podrá manifestarse ante escribano público documentándose en escritura pública o acta notarial". En cualquier caso esa autorización "deberá ser incorporada a la historia clínica del paciente".
El proyecto deja un margen para el arrepentimiento, porque la "voluntad anticipada puede ser revocada de forma verbal o escrita, en cualquier momento por el titular" y "el médico deberá dejar debida constancia en la historia clínica". Además, establece que "el diagnóstico del estado terminal de una enfermedad incurable e irreversible, deberá ser certificado por el médico tratante y ratificado por un segundo médico".
En otra parte del proyecto, se aclara que en caso que "el paciente en estado terminal (?) no haya expresado su voluntad y se encuentre incapacitado de expresarla", la suspensión de los tratamientos quedará en manos "del cónyuge o concubino o, en su defecto, de los familiares en primer grado de consanguinidad".
Mientras se espera la promulgación del presidente Vázquez para que el texto se convierta en ley, la polémica pública continúa. Aunque la mayor repercusión es para la gresca entre diputados.
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